Asesoramiento legal (Laboral, Corporativo, Familiar, Inmobiliario, Financiero, Público,...)

Cada área de práctica legal tiene requisitos específicos, pero en Henry Towers queremos ponérselo fácil. Nuestro proceso está diseñado para reunir una comprensión completa del negocio y del proyecto en cuestión, con el fin de diseñar un plan para su revisión y aprobación, y para mantenerlo informado de cualquier desarrollo y éxito durante el proceso.

Recopilación de información y comprensión del contexto de la asistencia jurídica

Nuestro equipo trabajará con usted y su equipo para comprender el contexto empresarial y toda la información necesaria, de modo que podamos evaluar adecuadamente las alternativas y recomendaciones estratégicas para usted y su negocio. Obtener una comprensión integral es fundamental para poder coordinar con nuestros colegas de las diferentes divisiones que también pueden necesitar participar.

Proceso de ejecución de la Asistencia Jurídica

Los abogados experimentados de Henry Towers llevarán a cabo todos los pasos necesarios para ejecutar la estrategia acordada, con el fin de lograr los resultados esperados. Nuestro objetivo es eliminar tantas distracciones como sea posible para que pueda concentrarse en su negocio. En coordinación con cualquier otra división que necesite involucrarse (Impuestos, Finanzas, RRHH, TI...) le entregaremos los resultados que usted espera y defenderemos sus intereses y los de su negocio, para que su negocio sea seguro y cumpla con los mismos.

Informe de Apoyo Legal

Estaremos de acuerdo con usted con qué frecuencia desea que le informemos a usted y a su equipo sobre el progreso realizado en la tarea, y que elaboremos un informe final al final de nuestro servicio.

La relación laboral especial que se regula en este Real Decreto tiene por objeto la prestación de la actividad profesional de abogado en los despachos de abogados.

1. Podrán estar sujetos a la relación laboral de carácter especial regulada en el presente real decreto, en su condición de trabajadores que, según las normas que resulten de la solicitud, tengan derecho a ejercer la profesión de abogado.
2. Podrán estar sujetos a la relación laboral de carácter especial que se regula en este Real Decreto, en su condición de empresarios, propietarios de despachos de abogados, tanto individuales como colectivos.
3. A los efectos del apartado anterior, se considerarán bufetes multiprofesionales los que incluyan entre los servicios profesionales ofrecidos a sus clientes, los correspondientes a la práctica profesional de la abogacía, siempre que se cumplan las condiciones establecidas para esta forma de ejercicio de la profesión de abogado en las normas que la regulan.

Los abogados, como empleados en la relación laboral especial regulada por este real decreto, tendrán los derechos establecidos en los artículos 4.1 y 2 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, con el contenido y alcance que, para cada uno de ellos, se establecen en esta norma.

Además de los derechos antes mencionados, los abogados tendrán, en la relación laboral acordada con las firmas, lo siguiente:

1. Ser capaz de actuar, en todo momento, de acuerdo con los principios, valores, obligaciones y responsabilidades que les imponen las normas que rigen la profesión jurídica, incluidas la ética y la deontología.
2. Recibir durante la relación laboral la formación necesaria para mantener un adecuado nivel de desarrollo técnico y profesional, en los términos previstos en este real decreto, convenio colectivo o contrato de trabajo.
3. Participar en actividades de docencia e investigación que beneficien a la empresa, en los términos que se acuerden en los convenios colectivos aplicables o en el contrato de trabajo que se firme.
4. Asesorar y defender a los cónyuges y demás familiares consanguíneos (hasta un segundo grado), y en su caso por adopción, sin perjuicio del régimen de exclusividad que se establezca.

Los abogados, en el ejercicio de su actividad profesional, asumen las siguientes funciones respecto a los despachos:

1. Cumplir con las obligaciones inherentes a los servicios profesionales que requiere la profesión de abogado, de acuerdo con las normas de buena fe y con la diligencia exigida en las normas que rigen esta profesión.
2. Cumplir con las obligaciones impuestas a los trabajadores en la normativa de prevención de riesgos laborales y observar las medidas preventivas adoptadas para proteger su propia salud y seguridad en el trabajo y la de otras personas que puedan verse afectadas por su actividad profesional.
3. Cumplir con las órdenes e instrucciones del propietario de la firma, a menos que sean contrarias a los principios y valores de la profesión jurídica o a las obligaciones impuestas a los abogados por las normas que rigen la profesión.
4. No enfrentarse profesionalmente a la actividad de la empresa, en los términos previstos en este real decreto, en el convenio colectivo o en el contrato.
5. Contribuir a la mejora del funcionamiento de la empresa mediante la mejora de la calidad de los servicios prestados.
6. Completar y mejorar su formación profesional siguiendo las directrices del responsable de la empresa.

Los abogados tienen las siguientes limitaciones, cuya violación es disciplinariamente punible:

1. Ejercer la abogacía estando afectado por cualquier incompatibilidad o proporcionar una firma para cualquiera que, por cualquier razón, no pueda ejercer la abogacía.
2. Compartir servicios locales o profesionales incompatibles si ello afectara a la salvaguardia del secreto profesional.
3. Mantener vínculos asociativos de carácter profesional que impidan el correcto ejercicio de la Incidencia, basados en lo dispuesto en el presente Estatuto y en particular en su artículo. 22. 3.

El ejercicio de la abogacía es incompatible con cualquier actividad que pueda atentar contra la libertad, la independencia y la dignidad. Asimismo, el abogado deberá abstenerse de realizar cualquier otra actividad que sea incompatible con el buen ejercicio de la abogacía, impidiendo el debido respeto de los principios contenidos en el presente Estatuto, mediante la asunción de un conflicto de intereses.

Asimismo, el ejercicio de la abogacía es absolutamente incompatible con:

• El desempeño en cualquier cuenta, posición, función o puesto de trabajo en cualquier gobierno, ya sea estatal, regional, local o institucional, cuyas propias reglas gobiernan esta posición.
• El ejercicio de la profesión de abogado, Graduado Social, Agente de Negocios, Gerente Administrativo, o cualquier otro cuyo reglamento propio regule este cargo.
• Mantener vínculos con profesionales o cargos profesionales incompatibles con la Ley que impidan su correcto ejercicio.

En todo caso, para los clientes actuales o que hayan sido clientes durante los tres años anteriores, el abogado no podrá realizar actividades de auditoría u otras que sean incompatibles con el buen ejercicio de la profesión. Esto no se considerará incompatible si la prestación de dichos servicios ha sido realizada por entidades jurídicas diferentes y con diferentes consejos de gestión